LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 732/1995
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LEGISLACIÓN REAL DECRETO 732/1995 |
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REAL
DECRETO 732/1995, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LOS ALUMNOS Y LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS.
BOE
Número: 131/1995 de 2 de Junio de 1995 (Página: 16185)
En
la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en
sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por
ello, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia es, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, uno de
los fines primordiales que debe perseguir el sistema educativo.
A
la consecución de este fin deben contribuir no sólo los contenidos formativos
transmitidos en cada una de las etapas del sistema educativo, sino también, muy
especialmente, el régimen de convivencia establecido en el centro. Las normas
de convivencia del centro, regulando los derechos y deberes del alumno, deben
propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que permita que
todos los alumnos obtengan los mejores resultados del proceso educativo y
adquieran los hábitos y actitudes recogidos en la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo.
Desde
esta concepción, es necesario que el alumno perciba que las normas de
convivencia no son ajenas al centro, sino que han sido elaboradas y adoptadas
por el conjunto de la comunidad educativa. Por ello, en la definición y
aplicación del ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los alumnos, es
importante que se potencie la autonomía del centro.
Es
necesario, además, que los derechos reconocidos a los alumnos en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y que se
desarrollan en el presente Real Decreto, impregnen la organización del centro,
de manera que, superando los límites de la mera declaración programática, los
alumnos puedan percibir su incidencia en la vida cotidiana en el centro. Ello sólo
es posible si, respetando lo dispuesto en las leyes, el Reglamento de régimen
interior del centro desarrolla, concreta y adapta los derechos declarados a las
especiales condiciones del centro, a su proyecto educativo y a las necesidades
propias de la edad y madurez personal de sus alumnos.
Ambas
necesidades llevan, por consiguiente, a la conveniencia de dotar a los centros
educativos de una gran autonomía, tanto en la delimitación de sus normas de
convivencia como en el establecimiento de los mecanismos que permitan garantizar
su cumplimiento. Esta autonomía de organización debe, además, entenderse de
manera global, enlazada con una ampliación de los márgenes de actuación en
otros campos: en la adaptación del currículo, en la definición de la oferta
educativa y en la administración de los recursos. El desarrollo armónico de la
autonomía en estos ámbitos, recogidos en el Título IV de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo, permitirá alcanzar unos niveles
aceptables de calidad en la enseñanza.
El
deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el puesto
escolar que la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por
aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del estudio es la
consecuencia del derecho fundamental a la educación.
Por
otra parte, en la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en
cuenta que el objetivo último que debe perseguirse es alcanzar, con la
colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un marco de
convivencia y auto responsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción
de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando éstas resulten inevitables, las
correcciones deberán tener un carácter educativo y deberán contribuir al
proceso general de formación y recuperación del alumno.
En
la vida de los centros docentes actúan diferentes colectivos que se rigen por
normas específicas; de entre ellas, tiene especial importancia desde el punto
de vista educativo la que se refiere a la actuación de los alumnos, regulada
mediante el Real Decreto 1543/1988. Se ha juzgado necesario por ello, y a la
vista de estos principios y de la experiencia en la aplicación de dicha norma,
elaborar un nuevo Real Decreto que recoja los derechos y deberes de los alumnos
y, en general, que ayude a regular las normas de convivencia de los centros. Se
pretende con él potenciar la autonomía de los centros en la definición de su
régimen de convivencia, ampliar los derechos de los alumnos, suprimir aquellas
sanciones que conlleven la pérdida del derecho a la evaluación continua del
alumno y establecer un régimen especial para la corrección rápida de aquellas
conductas que no perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, inserta en
el proceso de formación del alumno.
En
su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previo informe del
Consejo Escolar del Estado, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo de
1995,
DISPONGO:
Disposiciones
generales
Artículo
1.
Lo
dispuesto en este Real Decreto será de aplicación, en el ámbito territorial
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, a los alumnos de los centros
sostenidos con fondos públicos que impartan alguna de las enseñanzas reguladas
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.
Artículo
2.
Todos
los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones
que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando.
Artículo
3.
El
ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos se realizará en el marco de
los fines que a la actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y los artículos
1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
Artículo
4.
La
Administración educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes, en
el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el correcto ejercicio
de los derechos y deberes de los alumnos y garantizarán su efectividad de
acuerdo con el presente Real Decreto.
Artículo
5.
El
Consejo Escolar del centro es el órgano competente para la resolución de los
conflictos y la imposición de sanciones en materia de disciplina de los
alumnos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 57 de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación y en los respectivos Reglamentos orgánicos
de los centros.
Artículo
6.
El
Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de
los alumnos. Para facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de
convivencia, compuesta por profesores, padres y alumnos, elegidos por el sector
correspondiente, y que será presidida por el Director. Las funciones
principales de dicha Comisión serán las de resolver y mediar en los conflictos
planteados y canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los
centros docentes. Todo ello a los efectos de garantizar una aplicación correcta
de lo dispuesto en este Real Decreto.
Artículo
7.
Los
órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de convivencia, adoptarán
las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de los alumnos y
para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del
centro. Con este fin se potenciará la comunicación constante y directa con los
padres o representantes legales de los alumnos.
Artículo
8.
El
Consejo Escolar elaborará, siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, una
vez al año, un informe que formará parte de la memoria de final de curso sobre
el funcionamiento del centro, en el que se evaluarán los resultados de la
aplicación de las normas de convivencia, dando cuenta del ejercicio por los
alumnos de sus derechos y deberes, analizando los problemas detectados en su
aplicación efectiva y proponiendo la adopción de las medidas oportunas. La
Inspección técnica de Educación examinará dicho informe y propondrá al
centro o, en su caso, a las autoridades educativas las medidas que considere
convenientes.
Artículo
9.
El
Reglamento de régimen interior aprobado por el Consejo Escolar, que en los
centros públicos forma parte del proyecto educativo, contendrá las normas de
convivencia del centro, así como las otras normas sobre organización y
participación en la vida del centro que considere necesarias el Consejo
Escolar. Dichas normas de convivencia podrán precisar y concretar los derechos
y deberes de los alumnos reconocidos en este Real Decreto.
TITULO
II
De
los derechos de los alumnos
Artículo 10.
1.
Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los
derechos que se establecen en el presente Real Decreto.
2.
El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el
reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad
educativa.
Artículo
11.
1.
Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno
desarrollo de su personalidad.
2.
La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y
principios contenidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
3.
El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo
escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades
de estudio.
Artículo
12.
1.
En el marco del Título V de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo, sobre compensación de desigualdades en la educación, todos los
alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos
niveles de enseñanza. En los niveles no obligatorios no habrá más
limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para el
estudio.
2.
La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
a)
La no discriminación por razón de nacimiento; raza; sexo; capacidad económica;
nivel social; convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
b)
El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y
efectiva de oportunidades.
c)
La realización de políticas educativas de integración y de educación
especial.
3.
Los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la discriminación de los
alumnos, pondrán especial atención en el respeto de las normas de convivencia
y establecerán planes de acción positiva para garantizar la plena integración
de todos los alumnos del centro.
Artículo
13.
1.
Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena
objetividad.
2.
Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos,
los centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a
aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los alumnos.
3.
A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y
lograr una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores
y los profesores mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres en
lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los
alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
4.
Los alumnos o sus padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al
finalizar un ciclo o curso. Dicha reclamación deberá basarse en la inadecuación
de la prueba propuesta al alumno en relación con los objetivos o contenidos del
área o materia sometida a evaluación y con el nivel previsto en la programación,
o en la incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.
5.
La Administración educativa establecerá el procedimiento para la formulación
y tramitación de las reclamaciones contra las calificaciones y decisiones que,
como consecuencia del proceso de evaluación, se adopten al final de un ciclo o
curso.
Artículo
14.
1.
Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional
para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus
capacidades, aspiraciones o intereses.
2.
De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional de los
alumnos con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias
sociales o culturales.
3.
La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y
aspiraciones de los alumnos y excluirá toda diferenciación por razón de sexo.
La Administración educativa y los centros desarrollarán las medidas
compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en esta
materia.
4.
Para hacer efectivo el derecho de los alumnos a la orientación escolar y
profesional, los centros recibirán los recursos y el apoyo necesario de la
Administración educativa, que podrá promover a tal fin la cooperación con
otras Administraciones e instituciones.
5.
Los centros que impartan educación secundaria, formación profesional de grado
superior y enseñanzas artísticas se relacionarán con las instituciones o
empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar a los alumnos el
conocimiento del mundo del empleo y la preparación profesional que habrán de
adquirir para acceder a él. Además, estos centros podrán incluir en su
programación general anual las correspondientes visitas o actividades
formativas.
Artículo
15.
Todos
los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.
Artículo
16.
1.
Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo
que respecta a tales creencias o convicciones.
2.
En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación y en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo,
el derecho a que se refiere el apartado anterior se garantiza mediante:
a)
La información, antes de formalizar la matrícula, sobre el proyecto educativo
o sobre el carácter propio del centro.
b)
El fomento de la capacidad y actitud crítica de los alumnos que posibilite a
los mismos la realización de opciones de conciencia en libertad.
c)
La elección por parte de los alumnos o de sus padres o tutores, si aquellos son
menores de edad, de la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus
creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación
alguna.
Artículo
17.
Todos
los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su
dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios
o degradantes.
Artículo
18.
Los
centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y
familiares del alumno. No obstante, los centros comunicarán a la autoridad
competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o
cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de
protección de los menores.
Artículo
19.
1.
Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los
centros, en la actividad escolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en los
respectivos Reglamentos orgánicos.
2.
La participación de los alumnos en el Consejo Escolar del Estado, en los
Consejos Escolares Territoriales y en los Consejos Escolares de los centros, o
en otros órganos de gobierno que, en su caso, se establezcan, se realizará de
acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto.
Artículo
20.
Los
alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los términos
establecidos en los correspondientes Reglamentos orgánicos de los centros.
Artículo
21.
Las
Juntas de delegados tendrán las atribuciones, funciones y derechos que les
asignen los correspondientes Reglamentos orgánicos.
Artículo
22.
1.
Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como
portavoces de los alumnos, en los términos de la normativa vigente.
2.
Los miembros de la Junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, y
cualquier otra documentación administrativa del centro que les afecte, salvo
aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas
o al normal desarrollo de los procesos de evaluación académica.
3.
El Jefe de estudios facilitará a la Junta de delegados un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su
correcto funcionamiento.
Artículo
23.
Los
alumnos tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones y
confederaciones de alumnos, las cuales podrán recibir ayudas, todo ello en los
términos previstos en la legislación vigente. Igualmente, tienen derecho a
constituir cooperativas en los términos previstos en la Ley 3/1987, de 2 de
abril, General de Cooperativas.
Artículo
24.
Los
alumnos podrán asociarse una vez terminada su relación con el centro, al término
de su escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y
colaborar a través de ellas en el desarrollo de las actividades del centro.
Artículo
25.
Los
alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de
delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las
cuestiones propias de su centro como de las que afecten a otros centros docentes
y al sistema educativo en general.
Artículo
26.
Los
alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las
instituciones de acuerdo con los principios y derechos constitucionales.
Artículo
27.
Los
alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo,
la misma será canalizada a través de los representantes de los alumnos en la
forma establecida en la normativa vigente.
Artículo
28.
1.
En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora del
Derecho a la Educación, los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes
para actividades de carácter escolar o extraescolar que formen parte del
proyecto educativo del centro, así como para aquellas otras a las que pueda
atribuirse una finalidad educativa o formativa.
2.
Los Directores de los centros garantizarán el ejercicio del derecho de reunión
de los alumnos dentro del horario del centro. Los Reglamentos de régimen
interior de los centros establecerán el horario que se reserve al ejercicio de
este derecho. Dentro de las atribuciones de dirección y coordinación que les
confiere la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, los órganos competentes de los centros facilitarán el uso de los
locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.
Artículo
29.
Los
alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros con las
limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y
extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad
de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino
de los mismos.
Artículo
30.
Los
alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las
actividades de los centros docentes.
Artículo
31.
1.
Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas precisas para compensar
posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se
promueva su derecho de acceso a los distintos niveles educativos.
2.
La Administración educativa garantizará este derecho mediante una política de
becas y los servicios de apoyo adecuados a las necesidades de los alumnos.
3.
La Administración educativa establecerá las medidas oportunas para
compatibilizar la continuación de los estudios con el servicio militar o la
prestación social sustitutoria en la medida en que éstos lo permitan.
4.
Los alumnos forzados a un traslado obligatorio del lugar de residencia habitual
recibirán asimismo especial atención.
5.
Los centros docentes mantendrán relaciones con otros servicios públicos y
comunitarios para atender las necesidades de todos los alumnos y especialmente
de los desfavorecidos sociocultural y económicamente.
Artículo
32.
1.
En las condiciones académicas y económicas que se establezcan, los alumnos que
padezcan infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que
aquél no determine la imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que
se encuentren cursando.
2.
La protección social a que se refiere el apartado anterior comprenderá el
establecimiento de un adecuado régimen de becas y, en su caso, la adjudicación
de plazas en residencias estudiantiles.
3.
En función de las disponibilidades presupuestarias, los poderes públicos
promoverán la concesión de ayudas a familias que acojan alumnos acreedores de
protección social.
4.
Los alumnos tendrán cubierta la asistencia médica y hospitalaria y gozarán de
cobertura sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente.
5.
En casos de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a
la ayuda precisa, ya sea a través de la orientación requerida, material didáctico
y las ayudas necesarias, para que el accidente o enfermedad no suponga
detrimento de su rendimiento escolar.
Artículo
33.
Cuando
no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de la
comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el órgano
competente del centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto
en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en
su caso, al Consejo Escolar del centro.
Artículo
34.
En
el Reglamento de régimen interior de los institutos que impartan enseñanzas en
régimen nocturno se tendrá en cuenta esta circunstancia cuando se trate de
fijar los criterios que puedan dar lugar a una valoración adecuada de la
inasistencia a clase de los alumnos, a los efectos de fijar las correcciones en
los términos a que se refiere el artículo 43.
De
los deberes de los alumnos
Artículo
35.
El
estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las
siguientes obligaciones:
a)
Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo de los planes de estudio.
b)
Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades
del centro.
c)
Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle
el debido respeto y consideración.
d)
Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
Artículo
36.
Los
alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de
la comunidad educativa.
Artículo
37.
Constituye
un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la comunidad
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra
circunstancia personal o social.
Artículo
38.
Los
alumnos deben respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro,
de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo
39.
Los
alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las
instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la
comunidad educativa.
Artículo
40.
Los
alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro.
TITULO
IV
Normas
de convivencia
CAPITULO
I
Disposiciones
generales
Artículo
41.
Las
normas de convivencia del centro, recogidas en el Reglamento de régimen
interior, podrán concretar los deberes de los alumnos y establecerán las
correcciones que correspondan por las conductas contrarias a las citadas normas.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en este título.
Artículo
42.
Los
incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados
considerando la situación y las condiciones personales del alumno.
Artículo
43.
1.
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán
garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
2.
En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en
cuenta:
a)
Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación,
ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 53 del presente Real
Decreto.
b)
No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumno.
c)
La imposición de las correcciones previstas en este Real Decreto respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de
su proceso educativo.
d)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del presente Real Decreto, los órganos
competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de
correcciones deberán tener en cuenta la edad del alumno, tanto en el momento de
decidir su incoación o sobreseimiento como a efectos de graduar la aplicación
de la sanción cuando proceda.
e)
Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del
alumno antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán
solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes
legales del alumno o a las instancias públicas competentes la adopción de las
medidas necesarias.
f)
El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase de los alumnos por
razones generales y comunicadas previamente por la Junta de delegados no deba
ser objeto de corrección, debiendo adoptar las medidas necesarias para que esta
situación no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos.
Artículo
44.
1.
Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada
o por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados
a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Igualmente, los alumnos que sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo
sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán
responsables civiles en los términos previstos en las leyes.
2.
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia
evaluación continua. Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de
las faltas injustificadas, a juicio del tutor, los Reglamentos de régimen
interior establecerán el número máximo de faltas por curso, área y materia y
los sistemas extraordinarios de evaluación previstos para estos alumnos.
Artículo
45.
A
efectos de la gradación de las correcciones:
1.
Se considerarán circunstancias paliativas:
a)
El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
b)
La falta de intencionalidad.
2.
Se considerarán circunstancias atenuantes:
a)
La premeditación y la reiteración.
b)
Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién
incorporados al centro.
c)
Cualquier acto que atente contra el derecho recogido en el artículo 12.2.a) de
este Real Decreto.
Artículo
46.
Podrán
corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este título, los actos contrarios a
las normas de convivencia del centro realizados por los alumnos en el recinto
escolar o durante la realización de actividades complementarias y
extraescolares. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que,
aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros
de la comunidad educativa.
Artículo
47.
Los
Consejos Escolares de los centros supervisarán el cumplimiento efectivo de las
correcciones en los términos en que hayan sido impuestas.
CAPITULO
II
Conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro
Artículo
48.
Las
conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán ser
corregidas con:
a)
Amonestación privada o por escrito.
b)
Comparecencia inmediata ante el Jefe de estudios.
c)
Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.
d)
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de
la comunidad educativa.
e)
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro.
f)
Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de una semana.
g)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo
de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá
realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción
en el proceso formativo.
h)
Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar
los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo.
Artículo
49.
1.
Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el artículo
anterior:
a)
Los profesores del alumno, oído éste, las correcciones que se establecen en
los párrafos a) y b), dando cuenta al tutor y al Jefe de estudios.
b)
El tutor del alumno, oído el mismo, las correcciones que se establecen en los párrafos
a), b), c) y d).
c)
El Jefe de estudios y el Director, oído el alumno y su profesor o tutor, las
correcciones previstas en los párrafos b), c), d), e) y f).
d)
El Consejo Escolar, oído el alumno, las establecidas en los párrafos g) y h),
si bien podrá encomendar al Director del centro la decisión correspondiente a
tales correcciones. El Director, oído el tutor y el equipo directivo, tomará
la decisión tras oír al alumno y, si es menor de edad, a sus padres o
representantes legales, en una comparecencia de la que se levantará acta. El
Director aplicará la corrección prevista en el párrafo h) siempre que la
conducta del alumno dificulte el normal desarrollo de las actividades
educativas, debiendo comunicarla inmediatamente a la Comisión de convivencia.
2.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán
en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su comisión. Las
correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la
finalización del curso escolar.
Artículo
50.
El
alumno, o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación
en el plazo de cuarenta y ocho horas contra las correcciones impuestas,
correspondientes a los párrafos g) y h) del artículo 48, ante el Director
provincial, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro
Sección
1.ª De las conductas que perjudiquen gravemente la convivencia del centro
Artículo
51.
No
podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en
el centro sin la previa instrucción de un expediente, que, tras la recogida de
la necesaria información, acuerde el Director del centro, bien por su propia
iniciativa o bien a propuesta del Consejo Escolar del centro.
Artículo
52.
Se
consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro:
a)
Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la
comunidad educativa.
b)
La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas
de convivencia del centro recogidas en el capítulo II del Título IV de este
Real Decreto.
c)
La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad
educativa o la discriminación grave por cualquiera de las razones enumeradas en
el artículo 12.2.a) de este Real Decreto.
d)
La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación
o sustracción de documentos académicos.
e)
Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales,
material o documentos del centro o en los bienes de otros miembros de la
comunidad educativa.
f)
Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las
actividades del centro.
g)
Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
h)
El incumplimiento de las sanciones impuestas.
Artículo
53.
1.
Las conductas enumeradas en el artículo anterior podrán ser corregidas con:
a)
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de
la comunidad educativa. Estas tareas deberán realizarse en horario no lectivo.
b)
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro.
c)
Cambio de grupo.
d)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período
superior a cinco días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen
para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e)
Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar
la interrupción en el proceso formativo.
f)
Cambio de centro.
2.
El Consejo Escolar impondrá las correcciones enumeradas en el apartado anterior
con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 54 de este Real Decreto.
Cuando se imponga la corrección prevista en el párrafo e) del apartado
anterior, el Consejo Escolar podrá levantar la suspensión de su derecho de
asistencia al centro o readmitirlo en el centro antes del agotamiento del plazo
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un
cambio positivo en su actitud.
3.
Cuando se imponga la corrección prevista en el párrafo f) del apartado 1 de
este artículo a un alumno de enseñanza obligatoria, la Administración
educativa procurará al alumno un puesto escolar en otro centro docente.
4.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro
prescribirán en el plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de su
comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas
prescribirán a la finalización del curso escolar.
Sección
2.ª Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios
Artículo
54.
1.
La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor del centro
designado por el Director. Dicha incoación se comunicará a los padres, tutores
o responsables del menor.
2.
El alumno y, en su caso, sus padres o sus representantes legales podrán recusar
al instructor ante el Director cuando de su conducta o manifestaciones pueda
inferirse falta de objetividad en la instrucción del expediente.
3.
Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su
instrucción, el Director, por decisión propia o a propuesta, en su caso, del
instructor, podrá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes.
Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en
la suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases o
actividades por un período que no será superior a cinco días. Las medidas
adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en
cualquier momento.
Artículo
55.
1.
La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los
diez días, desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras
de corrección con arreglo a este Real Decreto.
2.
Instruido el expediente se dará audiencia al alumno y, si es menor de edad,
además a los padres o representantes legales de aquél, comunicándoles en todo
caso las conductas que se le imputan y las medidas de corrección que se
proponen al Consejo Escolar del centro. El plazo de instrucción del expediente
no deberá exceder de siete días.
3.
Se comunicará al Servicio de Inspección Técnica el inicio del procedimiento y
le mantendrá informado de la tramitación hasta su resolución.
Artículo
56.
La
resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes
desde la fecha de iniciación del mismo y contra la resolución del Consejo
Escolar podrá interponerse recurso ordinario ante el Director provincial, en
los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Disposición
adicional primera.
1.
Este Real Decreto se aplicará en los centros docentes concertados en aquello
que les afecte con arreglo a la normativa vigente. Las competencias que se
atribuyen en este Real Decreto al Jefe de estudios serán realizadas en los
centros docentes concertados por las personas que se determinen en sus
respectivos Reglamentos de régimen interior.
2.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica reguladora
del Derecho a la Educación y las normas que la desarrollan, los centros
privados no concertados gozarán de autonomía para establecer sus normas de
convivencia y para determinar el órgano al que correspondan las facultades
disciplinarias.
Disposición
adicional segunda.
Lo
dispuesto en este Real Decreto se aplicará en los centros de educación
infantil, educación primaria y educación Especial con las adaptaciones que
sean precisas de acuerdo con las características y edad de sus alumnos y la
normativa específica de estos centros.
Disposición
adicional tercera.
Lo
dispuesto en este Real Decreto se aplicará a los alumnos que utilicen el
servicio de residencia, con las adaptaciones que se regulen en el Reglamento de
régimen interior del centro.
Disposición
transitoria primera.
Los
Reglamentos de régimen interior en vigor deberán adaptarse al presente Real
Decreto y, en ningún caso, podrán aplicarse si se oponen a lo dispuesto en el
mismo.
Disposición
transitoria segunda.
Lo
dispuesto en este Real Decreto será de aplicación a los centros que impartan
enseñanzas anteriores a las reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Disposición
derogatoria única.
Queda
derogado el Real Decreto 1543/1988, de 28 de octubre, sobre derechos y deberes
de los alumnos, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición
final primera.
1.
Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones de
ejecución y desarrollo de lo establecido en este Real Decreto.
2.
Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para adaptar lo dispuesto en
este Real Decreto a las peculiaridades que se deriven de la normativa específica
de los centros a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Disposición
final segunda.
El
presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado
en Madrid a 5 de mayo de 1995.
JUAN
CARLOS R.
El
Ministro de Educación y Ciencia,
GUSTAVO
SUAREZ PERTIERRA